¿Qué es?

La defensa interpuso acción constitucional de amparo a favor de dos mujeres, una adolescente y una adulta, que habían sido detenidas por supuestos desórdenes en el contexto de manifestaciones sociales, sin embargo, en la audiencia judicial de control de la detención se declaró que dicha detención había sido ilegal, pues se demostró que ambas habían sido detenidas sin fundamento.

En este caso se detuvo a una persona en circunstancias no autorizadas por la ley, con lo que se vulneró su derecho a la libertad personal.

La Corte consideró vulnerado el derecho a un debido proceso y a la presunción de inocencia, ya que, en los hechos, al momento de la detención, no había un indicio sólido de la comisión de un delito que permitiese configurar una situación de flagrancia.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió la acción de amparo, declarando que todo el procedimiento de detención había sido ilegal y ordenando la prohibición de acercamiento a las amparadas de todos los funcionarios que participaron en el procedimiento de detención.

Se vulneró el derecho del imputado a ser informado de sus derechos, especialmente de su derecho a guardar silencio y de ser asistido por un abogado en caso de consentir en prestar declaración.

El registro sin autorización del teléfono celular que portaba el imputado constituye una evidente vulneración a la intimidad del detenido además de corresponder a una diligencia de investigación policial que vas más allá de las facultades que establece el legislador.