Síntesis del caso (Rol N°1074-2019)
La defensa interpuso acción constitucional de amparo a favor de dos mujeres, una adolescente y una adulta, que habían sido detenidas por supuestos desórdenes en el contexto de manifestaciones sociales, sin embargo, en la audiencia judicial de control de la detención se declaró que dicha detención había sido ilegal, pues se demostró que ambas habían sido detenidas sin fundamento. Asimismo, la defensa denunció que ambas mujeres habían sido objeto de agresiones y tratos vejatorios durante la detención, que habían ocasionado lesiones leves a la adolescente.
Derecho vulnerado y solución
En este caso se vulneró el derecho a la libertad personal y seguridad individual (artículo 19 N° 7 de la Constitución). Asimismo, la Corte consideró que existían “antecedentes suficientes para considerar que, en la especie, amén de la ilegalidad de la detención ya declarada, se produjeron situaciones igualmente ilegales en el proceso de aprehensión, esto es, aparece como verosímil el desnudamiento y sentadillas que denuncia doña K. M. y, el desnudamiento del torso que reprocha la adolescente” y, con ello, “se ha violentado, innecesariamente a dos mujeres, siendo una de ellas, menor de edad, transgrediéndose de este modo el artículo 2.2, 3.1, 37.a) en cuanto a que ningún niño sea sometido a tratos degradantes y artículo 40.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño”. Además, la Corte estimó que respecto de ambas mujeres se habían infringido los artículos 1 y 5 a) de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), referidas a la discriminación contra las mujeres y el deber del Estado de adoptar medidas apropiadas para eliminar los prejuicios y prácticas discriminatorias, así como diversas disposiciones de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Belem do Pará)
En consecuencia, la Corte de Apelaciones acogió la acción deducida por la defensa y ordenó a Carabineros informar acerca de los resultados de la investigación que se había abierto para establecer las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en los hechos. Asimismo, la Corte decretó la prohibición de acercamiento a ambas mujeres de todos los funcionarios que participaron en su detención, y remitió los antecedentes al Ministerio Público, para la investigación de los hechos eventualmente constitutivos de delito.